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PSE-EE reafirma su petición de una comisión extraordinaria y exige claridad sobre la gestión municipal de los casos conocidos en las últimas semanas
El PSE-EE de Errenteria considera que las declaraciones realizadas por la alcaldesa confirman precisamente la necesidad de la Comisión Extraordinaria cuya convocatoria hemos solicitado.
En primer lugar, queremos reiterar nuestra condena más rotunda ante los testimonios de violencia machista que se han hecho públicos y trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y personas afectadas.
LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTIÓN CORRESPONDE A LA ALCALDESA
Ha sido la propia alcaldesa quien ha explicado públicamente que conocía el caso de Kukai desde diciembre de 2024 y que decidió, junto con la concejala de Igualdad, no trasladar esa información al resto de grupos municipales. Del mismo modo, es la alcaldesa quien está dando explicaciones sobre la actuación desarrollada en relación con la Bertso Eskola.
Por ello resulta difícil aceptar que ahora pretenda repartir responsabilidades con quienes no participaron en ninguna de las decisiones adoptadas ni tuvieron acceso a la información disponible.
Lo que hoy se está cuestionando no es la actuación de la oposición. Lo que se está cuestionando es una gestión de la que la propia alcaldesa se ha situado como máxima responsable.
LOS INTERROGANTES SOBRE LA GESTIÓN DE LA BERTSO ESKOLA
Especialmente preocupante resulta la gestión realizada en torno a la Bertso Eskola. Estamos hablando de un servicio municipal dirigido a menores y financiado con recursos públicos.
La propia alcaldesa afirma que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos en mayo de 2026. Sin embargo, según la información conocida, existirían antecedentes que se remontan a 2018.
La pregunta más importante que hoy sigue sin respuesta es cómo es posible que una situación de estas características haya permanecido fuera del conocimiento del Ayuntamiento durante años dentro de un servicio municipal.
Si esta versión es correcta, estaríamos ante un evidente fallo de los mecanismos de supervisión, detección y comunicación que deberían existir en cualquier servicio municipal dirigido a menores.
Resulta especialmente inaceptable que la alcaldesa pretenda presentar la solicitud de explicaciones y la fiscalización de la actuación municipal como un riesgo para las víctimas.
La verdadera pregunta es otra: ¿qué pone más en riesgo a las víctimas? ¿Que los grupos municipales analicen la actuación del Ayuntamiento o que una institución pública no sea capaz de detectar durante años una situación que afecta a menores dentro de un servicio municipal?
Precisamente porque nos preocupan las víctimas creemos que es imprescindible aclarar qué ocurrió, qué información tenía cada agente implicado, qué decisiones se adoptaron y qué falló para que el Ayuntamiento no tuviera conocimiento de determinados hechos hasta 2026.
LAS CONTRADICCIONES EN LA GESTIÓN DEL CASO KUKAI
También siguen existiendo numerosas preguntas sin respuesta en relación con la gestión realizada respecto a Kukai.
La propia alcaldesa ha confirmado públicamente que conocía la situación desde diciembre de 2024 y que decidió, junto con la concejala de Igualdad, no trasladar esa información a ningún otro grupo municipal.
Además, conviene recordar que el debate público sobre este asunto no lo abre ningún grupo de la oposición. Son Kukai y el Movimiento Feminista quienes deciden hacer pública la situación mediante sus respectivos comunicados. A partir de ese momento el asunto deja de ser una cuestión conocida únicamente por determinadas personas y pasa a formar parte del debate público de nuestro municipio.
No pueden pretender que, una vez conocida esta información por toda la ciudadanía, los grupos municipales miremos hacia otro lado o renunciemos a hacer aquello que nos están reclamando muchos vecinos y vecinas de Errenteria: conocer qué ha ocurrido, cómo ha actuado el Ayuntamiento y qué decisiones se han adoptado.
Por ello resulta legítimo preguntar por qué se concedió la subvención correspondiente a 2025 y en 2026 ha quedado en suspenso, así como qué criterios se han utilizado para adoptar decisiones tan diferentes respecto a una misma entidad.
Lo verdaderamente preocupante no es que la oposición haga preguntas. Lo verdaderamente preocupante es una gestión que deja demasiadas preguntas sin responder.
UNA COMISIÓN EXTRAORDINARIA PARA OBTENER RESPUESTAS Y MEJORAR LOS PROTOCOLOS
La Comisión Extraordinaria que hemos solicitado no pretende cuestionar a las víctimas ni interferir en los procesos desarrollados. Pretende algo mucho más sencillo: conocer qué información tenía el Ayuntamiento, qué decisiones adoptó y si los protocolos y mecanismos municipales funcionaron correctamente.
La ciudadanía de Errenteria tiene derecho a saber cómo se han gestionado dos situaciones tan graves y el Ayuntamiento tiene la obligación de rendir cuentas sobre su actuación.
La transparencia y la mejora de los mecanismos de prevención y protección nunca pueden considerarse una amenaza para las víctimas; al contrario, son la mejor garantía para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse.
