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PSE-EE de Gipuzkoa pide que cese el acoso y el hostigamiento a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo

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La portavoz socialista en la Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Petri Romero, se ha mostrado satisfecha por haber logrado una transacción en una moción que reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ha explicado que en España el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por la ley orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Un derecho que goza “de gran consenso y apoyo de la ciudadanía”.

Sin embargo, estos derechos quedan en entredicho a causa de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo por parte de grupos “organizados”. En este sentido, ha recordado que en España dichos grupos acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

Por eso, ha dicho hoy en el Pleno del Parlamento de Gipuzkoa que considera “imprescindible” garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción al entorno del centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un aborto seguro.

Además, ha recordado que el pasado 2 de febrero, se dio luz verde a la reforma del Código Penal, para castigar con penas de cárcel a los grupos que actúan en las proximidades de las cínicas que tratan de evitar el acceso a estos centros a las embarazadas que han decidido “voluntariamente” de abortar, como castigar también cualquier otro comportamiento por parte de médicos o directivos de clínicas que busque dificultar o impedir el ejercicio de este derecho.

“Las mujeres somos libres, aunque a algunos no les guste que seamos dueñas de nuestro cuerpo y nuestros actos”, ha dicho para asegurar a continuación que “cuando una mujer toma la decisión meditada de abortar no hay que ir a acosarla, porque esta decisión, no es ir de fiesta”. Por eso, ha mostrado el “más profundo rechazo” ante cualquier retroceso en los derechos ya consolidados de las mujeres y que implique “interferir, intimidar o coaccionar” en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo”.