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PSE-EE de Gipuzkoa le dice a Elkarrekin Gipuzkoa que el impuesto turístico no es competencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa

Alberto Albístegui: El PSE-EE de acuerdo a activar el impuesto turístico, pero mientras los municipios decidan si quieren aplicarlo, el destino de lo recaudado se destine al fomento de políticas de turismo sostenible y que la tarifa a aplicar no sea homogénea, sino que se contemplen diferentes categorizaciones de los servicios de los alojamientos turísticos.

Foto 1
Alberto Albístegui, portavoz de la Comisión de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural

El representante del PSE-EE en la Comisión de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural, Alberto AlbÍstegui ha dicho hoy en el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa que los socialistas estamos de acuerdo con la implantación del impuesto turístico, pero pide que la creación de este gravamen sea mediante un “amplio consenso” entre los agentes del sector turístico, tanto público como privado. Sin embargo, ha explicado que las Juntas Generales de Gipuzkoa no tienen competencia para crear este gravamen, y, por lo tanto, “no puede, como lo solicitan en su moción, `generar y aplicar de inmediato un impuesto turístico´”. Por esa razón, los nueve junteros socialistas han votado en contra de la iniciativa del partido morado, pidiendo que sea el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi quien debata sobre su idoneidad.

 “Esta cámara no tiene competencia para crear este impuesto”, le ha dicho a Elkarrekin Gipuzkoa, para explicarle a continuación que “los impuestos que no estén ya previstos o comprendidos en la Ley del Concierto Económico, no corresponden a los Territorios Históricos sino, en este caso, al Parlamento Vasco; para después delegar su recaudación y su gestión en los Ayuntamientos”.

Si bien en el pleno de enero de 2022, el PSE-EE compartió con la Cámara su preocupación por la situación en la que se encontraba el sector turístico y hostelero, que estaba muy dañado, muy perjudicado y sin ver un futuro claro. Hoy las circunstancias son distintas. Y es que el sector del turismo continúa en constante aumento en Euskadi y por consiguiente en Gipuzkoa, hay una “fuerte recuperación tras el parón de la pandemia”; hasta el punto de que “el turismo de Euskadi, este verano de 2022, supera en dos dígitos los datos prepandemia y lleva acumulados, en lo que va de año, un 5,5% más que en los siete primeros meses de 2019. En nuestra opinión, son muy buenas noticias para un sector que lo ha pasado muy mal, con una fuerte recuperación tras el parón de la pandemia siendo muy relevante la recuperación del turismo internacional, que en julio ha alcanzado casi el 50% de los visitantes pese a que había sido el colectivo más afectado por la pandemia” y, por lo tanto, “cada vez hay una mayor oferta de plazas turísticas, ya sea en hoteles, apartamentos o vivienda turística, hay una mayor demanda, y un mayor coste del turismo”.

Por eso, para el PSE-EE, -ha defendido Albístegui-, el impuesto debe cumplir tres premisas fundamentales:

Primero, que su regulación tuviera carácter facultativo, es decir, que se establezca un impuesto a las pernoctaciones en alojamientos turísticos en los municipios que así lo decidan y no como en Cataluña y Baleares que es obligatorio.

Segundo, que su carácter sea finalista, es decir, que la recaudación del impuesto se destine al fomento de políticas de turismo sostenible, en concreto a minimizar los residuos, la conservación y gestión de la energía, la gestión del recurso agua, el control de sustancias peligrosas, la movilidad sostenible, el planeamiento urbanístico y gestión del suelo y el diseño de programas de sostenibilidad y la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para el desarrollo turístico sostenible.

Tercero, que la tarifa a aplicar no sea homogénea, sino que se contemplen diferentes categorizaciones de los servicios de los alojamientos turísticos.

Por último, ha querido poner en valor la labor que los partidos políticos e instituciones están realizando sobre la implantación del impuesto turístico, una cuestión debatida “de hace años”, mediante una ponencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa a finales de 2018, una Comisión de Economía en octubre de 2019, así como sendos plenos en 2019 y 2022 para tratar esta cuestión.