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PSE-EE de Gipuzkoa defiende que la Ley vasca de vivienda, impulsada por los socialistas, es una de "las más avanzadas de Europa"

SUSANA GARCÍA CHUECA: “El problema de fondo en Euskadi no es tanto el precio del alquiler, que también, como la escasa oferta de alquiler”

La portavoz del grupo juntero “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Susana García Chueca, está convencida que la Ley de Vivienda aprobada en junio de 2015, a instancias del PSE-EE, que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda es “una Ley de las más avanzadas de Europa” da a Euskadi una “cobertura legal y social” en materia de vivienda que “no tiene parangón en el resto del Estado”.

Esta Ley fue histórica porque ninguna comunidad en España tenía una norma que recogía unos derechos sociales tan avanzados, especialmente garantizando el acceso a un alquiler a las personas más necesitadas. Sin embargo, ha reconocido que “queda mucho camino por hacer” y, especialmente, tras este duro año de pandemia. Por eso, las dos fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo foral han pedido al Parlamento del Territorio, en una Enmienda a la totalidad a la propuesta de resolución sobre el alquiler presentada por Podemos Gipuzkoa, que inste al Gobierno Vasco a continuar con el desarrollo normativo de dicha ley, así como con el impulso a las políticas de fomento del alquiler.

El fiasco alemán 

Los socialistas tenemos distintas políticas frente a EHBildu y Podemos a cuenta de la regulación de los alquileres. Mientras el PSE-EE aboga por un modelo que impulsa los beneficios fiscales para aquellos propietarios que arrienden a precios inferiores a los del mercado, los de Arnaldo Otegi y Pablo Iglesias reclaman controlar los alquileres tal y como lo hizo Berlín en 2020, decretando una congelación durante un lustro de los alquileres de inmuebles construidos antes de 2014, medida que ha sido apoyada fervientemente por EHBIldu y Podemos. Sin embargo, el Tribunal alemán anuló esta norma y las consecuencias están sufriéndolas los inquilinos que tendrán que pagar ahora la diferencia entre el alquiler que pactaron en el contrato y el que Berlín estableció como máximo.

 

El fiasco alemán puede servirnos como ejemplo y es sin duda un aviso a navegantes, a EHBildu y a Podemos, que con sus recetas no solo no facilitan el acceso a la vivienda, sino que lo dificultan, en especial para las familias vulnerables. Además, a los socialistas nos hemos cargados de razones para impulsar unas medidas que buscan establecer un sistema de incentivos fiscales y bonificaciones que ayude a rebajar la tensión en el mercado de alquiler. Esto demuestra que los socialistas somos la izquierda que sabe gobernar.

 “No existen recetas milagrosas, ni golpes de efecto; sino esfuerzo mantenido y coherente” ha dicho la dirigente del PSE-EE, para explicar a continuación, que “el problema de fondo en Euskadi no es tanto el precio del alquiler, que también, como la escasa oferta de alquiler”. Por lo tanto, todos los esfuerzos deben ir en impulsar la movilización de viviendas vacías, privadas y públicas, como apuesta para el incremento del parque de alquiler de cara a dar respuesta a la función social de la vivienda.

“De hecho, a través de nueva edificación y de la captación de vivienda vacía, se dispone de un parque público de 26.000 viviendas, 15.000 de las cuales gestiona el Gobierno Vasco, fijándose como objetivo captar para finales de 2021, 7.200 viviendas a través del programa de vivienda vacía, Bizigune”, ha dicho. Además, paralelamente, desde el área de vivienda del Gobierno Vasco se están impulsando distintas ayudas al alquiler que han beneficiado a 30.000 familias.

En ese objetivo va encaminada la entrada en vigor, a mitad de año, del Decreto de Viviendas Deshabitadas, que prevé la penalización de las viviendas vacías llegando incluso a medidas como el alquiler forzoso, la expropiación temporal de uso o la expropiación de las viviendas que no cumplan con su función social de forma reiterada.

Esta medida está impulsada por el departamento de vivienda del Ejecutivo de Vitoria, que dirige el consejero socialista Iñaki Arriola, que ha fijado como un colectivo “de atención preferente” a los vascos más jóvenes con programas como Gaztelagun, que impulsan ayudas económicas para el pago del alquiler, con la construcción de alojamientos dotacionales y con el establecimiento de cupos preferentes en las nuevas promociones y segundas adjudicaciones del parque de alquiler del Gobierno Vasco.

Pero, además, ha recordado García Chueca que, desde dicho departamento, hay una propuesta para estudiar y proponer medidas en el ámbito de la fiscalidad de la vivienda a fin de adecuar y ponderar las deducciones de las personas que pagan alquiler de vivienda en función del nivel de su renta y someter las rentas obtenidas al principio de progresividad.

En una legislatura que apenas lleva año y medio y que, como reto principal, tiene que gestionar una pandemia, en materia de vivienda “se están dando pasos y se está reconociendo por las organizaciones que trabajan en defensa del derecho a una vivienda” ha insistido la dirigente socialista ante las críticas de Podemos y EHBildu. Y para desmentir sus acusaciones, de que desde el Gobierno Vasco no se está haciendo nada, les ha leído la noticia que, hoy recogen los medios de comunicación, en la que se informa de que vivienda está comunicando a 880 familias de Gipuzkoa pueden ver reconocido su derecho a un piso y ese reconocimiento implica la posible adjudicación de una vivienda en alquiler o de una ayuda económica.

Les ha reprochado que están “en la estrategia del tuit” que no es más que un mensaje “corto, simple y sencillo” donde se busca reducir las situaciones a blanco y negro, es decir, los que piden limitar los precios del alquiler como Podemos y EHBildu son “los buenos” porque están defendiendo los derechos de la ciudadanía. “Y quienes defienden la limitación de precios con otras medidas, como la incentivación fiscal estáis defendiendo los intereses de los mercados”.

Asimismo, ha señalado que el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez está en la elaboración de una Ley de Vivienda que contenga y baje los precios del alquiler mediante incentivos fiscales y el incremento de la oferta, estableciendo mecanismos para frenar las subidas abusivas del alquiler y un conjunto de medidas para favorecer la oferta de vivienda en condiciones asequibles para las personas con menor renta y especialmente para la población joven y los colectivos más vulnerables. Entre estas, la mejora del marco fiscal, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y la modificación de la definición de vivienda vacía para la aplicación de recargo en el IBI.