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Odón Elorza pide la reforma de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo para que se equiparen las indemnizaciones entre las víctimas, tengan o no sentencia firme

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Odón Elorza, diputado del PSE-EE de Gipuzkoa

EEl Diputado socialista por el PSE-EE y portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo al Congreso que inste al Gobierno de España a promover la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que se equiparen las indemnizaciones por daños personales a cargo del Estado de las víctimas del terrorismo que no disponen de sentencia condenatoria del autor o autores con la que aquellas que sí disponen de tal sentencia.

Además, en el segundo punto, la iniciativa plantea al Congreso que inste al Gobierno a habilitar una partida económica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para hacer frente, de manera sucesiva, en este y siguientes ejercicios, al pago de un complemento de indemnización que garantice la igualdad de trato indemnizatorio a aquellas víctimas del terrorismo que no han podido acceder a la justicia material al no disponer de sentencia judicial.

 

Recomendación del Defensor del Pueblo

En una rueda de prensa, que se ha celebrado esta mañana en la sede del PSE-EE de Gipuzkoa en San Sebastián, Elorza ha explicado que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, así como otras organizaciones de víctimas del terrorismo, han planteado reiteradamente y desde hace años que dicha Ley, y en concreto, el artículo 14.2, “contiene un agravio comparativo y discriminatorio en materia indemnizatoria” por la distinción que realiza entre las víctimas, “basada en el hecho de que tengan o no sentencia firme”.

 

“Es una disfunción, una discriminación entre diferentes víctimas. La indemnización varía y es bien diferente”. Se trata de una anomalía que hay que solucionar y, por eso, ha decidido presentar esta iniciativa ante el grupo parlamentario socialista en el Congreso para que una vez tenga el visto bueno del Congreso se pueda debatir antes de la finalización de esta legislatura. Ha reconocido que se siente impelido y “hay que intentar hacer algo” porque, actualmente, hay aproximadamente un 40% de atentados que “no han sido aclarados judicialmente y sus autores están impunes. En dichos casos, donde no hay una sentencia de la Audiencia Nacional, las víctimas y sus familias reciben una indemnización menor frente a aquellos cuyos casos que han sido “investigados, aclarados y juzgados”. En dichos casos, las víctimas y/o sus familiares reciben una indemnización “un poco más del 50%” que los atentados  que no han sido esclarecidos.

Es un tema “complejo y delicado”, del que Elorza tuvo conocimiento hace unos pocos meses,  y no duda en calificarlo como “un tema de Estado” que interpela a todos los partidos políticos y a las instituciones. Ha puesto el acento en la importancia de que el Gobierno de España disponga de una cuantía “importante”, que calcula “entre 300 millones y 400 millones de euros” para igualar las indemnizaciones. Además, entiende que debería aplicarse la ley, una vez reformada, “de manera retroactiva” y a aquellas víctimas, sin sentencia, aplicarles las indemnizaciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/2011 para víctimas cuyos casos fueron juzgados.

Asimismo, se ha referido a la recomendación, que hizo el 13 de julio de 2015, la institución del Defensor del Pueblo. En respuesta a una queja tomó la decisión de formular al Gobierno una recomendación para que se impulsaran las `iniciativas necesarias´, mediante una reforma de la Ley, para equiparar, `de manera completa o progresivamente´ las indemnizaciones por daños personales a cargo del Estado de las víctimas del terrorismo que no disponen de sentencia condenatoria.

Por último, para el exalcalde de San Sebastián, esta circunstancia conlleva para las personas víctimas o sus familias un “doble dolor añadido: formar parte de los casos no resueltos judicialmente y percibir una menor indemnización”, tras explicar que, “sin duda”, la voluntad del legislador fue la de recoger en la Ley el principio de igualdad, entiende que una reforma de dicha norma evitaría “situaciones contrarias invocados en la propia Ley”; pero, sobre todo, se garantizaría que “todas” las víctimas tengan “un mismo trato indemnizatorio por parte del Gobierno y evitar, así, respuestas “desigualdades”, como “posibles diferencias compensatorias ante situaciones iguales”.