PSE-EE PSOE Euskal Sozialistak

La concejala de Servicios Sociales e Integración de Azkoitia, Janire Igoa, ha explicado que en esa localidad se ha desplegado un “escudo social” para hacer frente a la situación de vulnerabilidad que viven algunas familias. En el año 2019 la partida ascendió a 115.710,28 euros y en el año 2020 hubo un incremento, de 168.087,02 euros, es decir, ha habido un aumento de la partida de 45,26%, “hemos elevado la protección social” destinada a "hacer frente a las consecuencias" de la Covid-19.

En 2019, los individuos beneficiados por estas ayudas han sido 287 personas y en el año 2020, “en lo peor de la pandemia”, 376 personas, con un aumento de beneficiarios de un 31%. En lo que respecta a familias, en el 2019, 96 familias recibieron las AES y en el 2020, 120, es decir, “ha habido un incremento de un 25% de familias a las que hemos podido ayudar con esta subvención”. Estos "importantes incrementos" en el número de familias perceptoras de ayudas económicas han sido achacados a la crisis sanitaria dice Igoa, quien está convencida de que el 2020 ha sido un año “completamente inusual”.

“Comparando los datos de 2020 con los del 2019, ha destacado la partida destinada a las necesidades básicas. Los gastos, en este concepto, se han triplicado. Por ejemplo, estas ayudas han sido utilizadas por las familias para cubrir los gastos sanitarios. Además, vista las necesidades existentes se decidió conceder una subvención adicional a los solicitantes haciendo una lectura más laxa de la normativa; pero, siempre, justificando el uso del dinero concedido”, ha dicho Igoa.

Las ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas, de naturaleza económica, destinadas a aquellas personas, integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. En concreto, sirve para sufragar alquileres o hipotecas, gastos de agua e IBI, de suministro eléctrico y gas, para la habitabilidad como reparaciones y el equipamiento básico.

Ha reconocido que la pandemia ha afectado "a todos los servicios sociales" del consistorio. El reto al que se ha tenido que enfrentar ese departamento ha sido el llegar “al mayor número de personas y poder garantizar la adecuada atención a las personas y las familias”. En este sentido, ha aprovechado para “agradecer y felicitar” públicamente la labor llevada a cabo por su equipo técnico que han trabajado de forma “encomiable”. “Han atendido todos los casos y su trabajo ha sido y es riguroso, discreto e incansable para atender todos los casos que han llegado a esta área. Incluso, se han volcado en cuestiones que parecían pequeñas o invisibles, pero que son fundamentales para esas personas que peor lo están pasando".

Las solicitudes se han presentado a lo largo del 2020 y, tras el análisis y comprobaciones de datos, han sido resueltas, aproximadamente, “trimestralmente”. Durante el periodo de confinamiento, desde mediados del mes de marzo y hasta finales de abril, muchas consultas se hicieron telefónicamente. Las causas fueron: la pérdida del puesto de trabajo, estaban en ERTE o, aunque tenían trabajo, sus empresas no les pagaban el sueldo o en su totalidad o parcialmente.

Los beneficiarios de las AES destinaron estas ayudas fundamentalmente a hacer frente al pago de alquileres e hipotecas, concretamente, casi un 47% (46,86%). 32,01% para pago del alquiler y un 14,85% para hacer frente a los intereses de las amortizaciones y las hipotecas. Además, más de un 20% (20,24%) se destinaron a pagar los gastos de la utilización de energía en el hogar, “aproximadamente, algo más de 200 euros por familias”, un 18,5% para las necesidades básicas y un 12,55 % a pagar los gastos de agua.

La concejala ha advertido de que de las 120 familias perceptoras de las Ayudas de Emergencia Social 48 tienen menores a su cargo y, en concreto, 19 son familias formadas por una única persona progenitora con hijos o hijas a su cargo. 16 son monomarentales y 3, monoparentales. El perfil de este colectivo es “heterogéneo”: en la mayoría de los casos son personas que están en el paro y reciben una prestación. También hay quien, teniendo trabajo, el sueldo no es suficiente para hacer frente a las necesidades que tiene la familia.

Por otra parte, 35 personas individuales recibieron AES. Algunas tienen pensiones bajas; otras están trabajando, pero cobran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir 655,20 euros/mes (9.172,8 €/año) o tienen contratos temporales. Hay quien no tiene derecho a la prestación por desempleo y quien percibe la RGI, pero eso no le permite hacer frente, por ejemplo, a los gastos de energía anuales y otros gastos similares, y, por lo tanto, necesita de ayuda complementaria.

Asimismo, hay 25 pensionistas, 19 mujeres y 6 hombres, que tienen pensiones de jubilación “bajas” y necesitan de esta ayuda para hacer frente, fundamentalmente, a pagar los gastos de energía. Son familias afectadas por la pobreza energética y no tienen capacidad para mantener en sus hogares la temperatura adecuada. “Sin duda esta situación afecta a la dignidad de las personas porque menoscaba su calidad de vida y afecta a la salud de los habitantes de la vivienda, especialmente a los menores y ancianos”, ha explicado.

Por último, la concejala de Servicios sociales e integración de Azkoitia, Janire Igoa, reconoce que “no es una fotografía exacta, pero sí una aproximación fidedigna del nivel de vulnerabilidad que presenta Azkoitia” gracias a los datos que nos aportan los solicitantes de las ayudas AES, que “tan necesarias” son para proteger a las personas con más necesidades en nuestro municipio como consecuencia de esta crisis. “Nuestro objetivo es que no se quede nadie atrás y que todos los azkoitiarras tengan una vida digna”.