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PSE-EE solicita la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria para analizar la gestión institucional de los casos de la Bertso Eskola y Kukai
El PSE-EE de Errenteria quiere trasladar, en primer lugar, su condena más enérgica ante los testimonios de agresiones y comportamientos machistas que se han hecho públicas tanto en relación con Xenpelar Bertso Eskola como con Kukai, así como toda su solidaridad y apoyo a las víctimas y personas afectadas.
Estamos hablando de situaciones muy graves que afectan directamente a la confianza de la ciudadanía en espacios culturales y educativos de referencia en nuestro municipio y que exigen de las instituciones la máxima responsabilidad, transparencia y capacidad de actuación.
Ambos casos son diferentes y deben ser abordados desde sus propias características y gravedad. Sin embargo, sí evidencian un problema de fondo: la ausencia de criterios claros, la falta de transparencia institucional y el evidente fallo de los mecanismos y protocolos municipales existentes para prevenir, detectar y actuar ante situaciones de esta naturaleza.
En el caso de Kukai, resulta especialmente preocupante que el Ayuntamiento conociera la situación desde diciembre de 2024 y, pese a ello, decidiera no informar ni a los grupos municipales ni a la ciudadanía hasta que los hechos salieron a la luz públicamente. Los grupos municipales de la oposición no hemos tenido acceso a esta información hasta hace apenas unos días, a pesar de que la alcaldesa intentó trasladar una versión diferente de los hechos durante el Pleno celebrado el pasado martes, desviando el debate de fondo existente sobre la actuación institucional del Ayuntamiento en este caso.
Del mismo modo, genera enormes dudas que el propio Ayuntamiento reconozca no conocer realmente el alcance de los hechos y, al mismo tiempo, haya tomado decisiones relevantes sobre la relación institucional con la compañía, sus subvenciones y su continuidad como compañía residente.
En el caso de Xenpelar Bertso Eskola, estamos ante hechos de extrema gravedad ocurridos en el marco de un servicio municipal dirigido a menores y financiado con recursos públicos. Resulta especialmente alarmante conocer que existían antecedentes y compromisos adquiridos desde 2018 y que, según ha manifestado el propio Ayuntamiento, no se tuvo conocimiento de esta situación hasta mayo de 2026.
Todo ello evidencia que los protocolos, mecanismos de seguimiento y normas de buen gobierno del Ayuntamiento han fallado claramente. Las instituciones no pueden limitarse a reaccionar únicamente cuando los hechos se hacen públicos o cuando la presión social hace inevitable una respuesta institucional, ni tampoco pueden optar por gestionar situaciones de esta gravedad desde la opacidad o evitando trasladar información relevante a la ciudadanía y a los grupos municipales. La ciudadanía necesita instituciones capaces de actuar con anticipación, transparencia, coordinación, responsabilidad y criterios claros ante situaciones de esta naturaleza.
Por todo ello, el PSE-EE solicitará la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria municipal que permita esclarecer toda la información disponible, analizar las decisiones adoptadas por el Gobierno Municipal en ambos casos, revisar los protocolos existentes, evaluar posibles fallos institucionales y estudiar mejoras concretas que permitan reforzar los mecanismos de prevención, protección y actuación del Ayuntamiento ante situaciones similares en el futuro.
Asimismo, los socialistas solicitarán la comparecencia de las responsables municipales de Igualdad, Cultura y Política Lingüística, así como de representantes del Movimiento Feminista, Bertsozale Elkartea, Xenpelar Bertso Eskola y Kukai, con el objetivo de conocer de primera mano las actuaciones desarrolladas y poder realizar una valoración institucional rigurosa.
Errenteria necesita instituciones capaces de actuar con criterios claros, transparencia y responsabilidad ante situaciones tan graves como las que estamos viviendo. La prioridad debe ser siempre la protección de las víctimas, la garantía de espacios seguros y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones públicas.
