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PSE-EE considera insostenible la gestión realizada por la alcaldesa en el caso de la Bertso Eskola
La Fiscalía desautoriza la versión trasladada por la alcaldesa al confirmar que no ha recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento sobre el caso de la Bertso Eskola, y el PSE-EE exige responsabilidades políticas por un “fracaso institucional de enorme gravedad” en la gestión de un servicio municipal dirigido a menores.
El PSE-EE de Errenteria considera de extrema gravedad la información publicada hoy según la cual la Fiscalía de Gipuzkoa está recabando información sobre el caso de la Bertso Eskola Xenpelar sin haber recibido ninguna denuncia ni comunicación institucional por parte del Ayuntamiento de Errenteria.
A la enorme gravedad que supone que el Ayuntamiento afirme no haber tenido conocimiento hasta 2026 de unos hechos que supuestamente se remontan a 2018, se suma ahora una nueva cuestión igualmente preocupante. La obligación de cualquier administración pública es actuar con la máxima diligencia cuando existen indicios de hechos que afectan a menores y trasladar esa información a las autoridades competentes. Por ello, resulta extremadamente grave conocer que la Fiscalía no ha recibido ninguna comunicación institucional por parte del Ayuntamiento pese a que este afirma haber tenido conocimiento de los hechos hace ya varias semanas.
Si el Ayuntamiento conocía estos hechos desde el 4 de mayo, ¿por qué no fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes? Y, además, ¿qué actuaciones concretas se realizaron durante todo ese tiempo?
Lejos de aclarar lo sucedido, cada nueva información conocida está generando más dudas sobre la gestión realizada por el Ayuntamiento y sobre las decisiones adoptadas desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Además, cada vez resulta más difícil entender la secuencia de decisiones adoptadas por el Ayuntamiento. La propia alcaldesa afirma que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos el 4 de mayo. Sin embargo, la suspensión de la actividad no se produce hasta el 28 de mayo y ahora conocemos que tampoco se trasladó la información a las autoridades competentes.
Todo ello da la sensación de que se intentó dar por cerrado el asunto mediante la cancelación de un servicio cuya actividad finalizaba apenas unas semanas después, sin abordar con la profundidad necesaria todas las implicaciones institucionales, jurídicas y de protección que un caso de esta gravedad exigía.
No estamos ante una gestión insuficiente. Estamos ante un fracaso institucional de enorme gravedad. Un fracaso en la detección, en la supervisión, en la comunicación y en la respuesta institucional una vez conocidos los hechos. Por ello, el PSE-EE considera que la alcaldesa no puede limitarse a ofrecer explicaciones parciales ni a buscar responsables fuera de su ámbito de actuación.
La alcaldesa debe asumir responsabilidades políticas por una gestión que ha fallado precisamente allí donde una institución tiene la obligación de actuar con mayor diligencia: en la protección de menores dentro de un servicio municipal.
La Comisión Extraordinaria solicitada por nuestro grupo es hoy más necesaria que nunca.
Lo que está en juego no es una polémica política. Lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones para proteger a menores de edad cuando se producen situaciones de esta gravedad dentro de un servicio municipal.
