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El SMI sube un 5% gracias al compromiso del PSOE que ha cumplido con su programa electoral

Mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal y trabajadora del sector agroalimentario y servicios es el perfil medio del receptor del Salario Mínimo Interprofesional

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El PSE-EE de Gipuzkoa ha puesto en valor la subida del SMI del 5% aprobada por el Consejo de Ministros. Gracias al compromiso del PSOE, que ha cumplido su programa electoral, el Salario Mínimo Interprofesional se situará en 1.134 euros brutos mensuales, en 14 pagas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. 

Este incremento supone una subida neta de 54 euros al mes y 756 euros al año.  El SMI se aumenta hasta alcanzar el 60% del salario medio en España  tal y como establece Carta Social Europea. La subida del Salario Mínimo Interprofesional afecta a 61.000 personas en Euskadi. El 64% son mujeres y la mayoría de entre 16 y 34 años, con contrato temporal  y trabajadoras del sector agroalimentario y de servicios. 

Las Diputadas por Gipuzkoa en el Congreso, Rafaela Romero y María Luisa García Gurrutxaga, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en San Sebastián en la que han valorado de manera muy positiva este incremento. 

La Diputada por Gipuzkoa en el Congreso, Rafaela Romero ha señalado que el Gobierno del PSOE sigue llevando a cabo un esfuerzo continuo a favor de todas y todos los guipuzcoanos, con buenas políticas que mejoran la calidad de vida y el bienestar de las personas, garantizando servicios públicos de calidad y unos sueldos y pensiones dignos y suficientes, por encima de la inflación. 

“Frente al trabajo de las y los socialistas en Madrid, en beneficio de las y los guipuzcoanos, el PP está trabajando para boicotear el progreso y retrasar la llegada de las inversiones y ayudas a Gipuzkoa. Javier de Andrés, candidato a lehendakari, junto a Borja Semper y los senadores del PP vasco, están boicoteando con sus votos en contra la llegada de las ayudas, inversiones y mejoras para las y los ciudadanos de Gipuzkoa y Euskadi”, ha explicado Romero. 

Además, se ha mostrado muy crítica con la postura de los populares no solo con las ayudas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Espero que el PP explique por cuánto estaba dispuesto a vender la Constitución aquella noche que se reunió con Junts, para que Puigdemont diga que los jueces no estarían dando problemas y espectáculo si se hubiera pactado con ellos. Me preocupa mucho la cantidad de gasolina que el PP está poniendo en todas las instituciones de un país democrático”, ha añadido Romero. 

Por su parte, la Diputada María Luisa García Gurrutxaga ha señalado que el “SMI tiene un papel fundamental como garantía de protección a las rentas del trabajo de las personas trabajadoras más vulnerables, y, actúa como un importante factor de equidad, además de ser un elemento esencial para luchar contra la pobreza laboral, contra la pobreza infantil y contra la brecha salarial de género. 

“Esta brecha salarial es la más estrecha de la historia, hace 15 años que la medimos. Ha descendido en siete puntos y esto se debe al crecimiento del salario medio de las mujeres con respecto al de los hombres. Frente a los agoreros económicos que decían que el SMI iba a destruir empleo, este Gobierno ha demostrado que se puede subir el SMI como nunca en la historia y a la vez crear empleo, como nunca en la historia” ha asegurado García Gurrutxaga. 

En 2018, cuando el PSOE llegó al Gobierno, el SMI era de 735,90 euros. Eso implica que en estos años el incremento ha sido de 398 euros, lo que supone un aumento del 54%. La comparación con el incremento aprobado durante los dos gobiernos de Rajoy es contundente, ya que en 7 años del PP el SMI subió 94 euros, menos de un 15%. Es decir, este Gobierno ha incrementado el SMI más del triple de lo que lo hizo el gobierno del PP en dos legislaturas completas. 

Este gobierno sigue cumpliendo uno de sus objetivos fundamentales, que es dignificar las condiciones de trabajo, luchar contra la precariedad y trabajar para que, dentro de las competencias del gobierno, la inflación no merme el poder adquisitivo de la ciudadanía.