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Alcaldes socialistas piden a la Diputación de Gipuzkoa que incremente la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos por la COVID-19

1. argazkia

Los alcaldes socialistas de Gipuzkoa han solicitado a la Diputación Foral de Gipuzkoa que el pago del Fondo Foral de Financiación (FOFIM)  a realizar el mes que viene se haga “en coherencia” con las previsiones informadas en el Consejo de Finanzas del pasado 15 de octubre. También piden al gobierno foral que, teniendo en cuenta su capacidad de endeudamiento, permita a los ayuntamientos, “si así lo desean”, solicitar hasta la cuantía total que les corresponde en las previsiones inicial del FOFIM para el año 2020. Estos ayuntamientos compensarán estas cuantías a la Diputación foral en los años 2022 y 2023.

Asimismo, José Antonio Santano, Miguel de los Toyos, Izaskun Gómez, Maider Laínez, Agustín Valdivia, Maite Arana, Mikel Serrano y David De Miguel, alcaldes de Irún, Eibar, Pasaia, Andoain, Lasarte-Oria, Larraul, Zumarraga y Berrobi, piden a la Diputación Foral de Gipuzkoa que compartan con los consistorios que, así lo deseen, “la capacidad de endeudamiento de al menos el 40% de la cantidad pactada en el marco de la Comisión Mixta del Concierto.

En un comunicado, los ocho alcaldes socialistas de Gipuzkoa han explicado que la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus COVID-19, ha supuesto “un mayor gasto” en servicios especialmente afectados por la pandemia, así como “una menor recaudación por tributos concertados”.

Han recordado además que dadas las circunstancias “de urgencia y gravedad”, los ayuntamientos han abandonado sus previsiones y “se han enfrentado a otras prioridades y necesidades” como adoptar medidas para garantizar la seguridad sanitaria de los ciudadanos, establecer servicios adicionales de limpieza, atender las nuevas necesidades surgidas en el ámbito de las políticas sociales, apoyar el comercio y los servicios municipales, etc. Además, la suspensión de muchos servicios de los ayuntamientos, como consecuencia de la situación de alarma, “también ha provocado pérdidas económicas en los ayuntamientos”.

Recuerdan que la Comisión Mixta del Concierto Económico, reunida el pasado 30 de septiembre, aprobó para las instituciones vascas un déficit del 3,5% en 2020 y del 3% para 2021% (2,2% para el Gobierno Vasco y un 0,8% para las diputaciones), en un acuerdo en el que, “por primera vez”, se reconoce a las diputaciones forales una capacidad de endeudamiento propia. Este acuerdo fue cerrado también con el Ministerio de Hacienda en julio pasado, por el que se pactó el 2,6% de déficit, se le suma ahora un 0,9% específico para las diputaciones forales, llegando así al 3,5% para el conjunto de las instituciones vascas en 2020.

Además, este pacto fue amparado por el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco que aseguró que esta mayor financiación con cargo a operaciones de endeudamiento, con el consiguiente incremento de la deuda a largo plazo, puede ser razonablemente asumida dada la situación financiera y de solvencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con un nivel de deuda pública en relación con el PIB entre los más bajos de todas la Comunidades Autónomas.

Sin embargo, en este contexto favorable para los intereses de las instituciones vascas, la Diputación de Gipuzkoa decidió que a los ayuntamientos se les reduciría un 20% del fondo foral que se preveía destinar para 2020 en los dos últimos trimestres, cuando en el Consejo de Finanzas celebrado el 15 de octubre de 2020 se indicó que la recaudación bajaría un 13,3%.

Por eso, los ocho alcaldes socialistas de Gipuzkoa han dicho que “se hace más necesario que nunca que los ayuntamientos guipuzcoanos seamos integrados en un acuerdo que facilite la continuidad financiera de los presupuestos municipales, a través de la capacidad de endeudamiento que pasa a tener la Diputación Foral de Gipuzkoa”. A su juicio, ello serviría para no tener una merma de ingresos procedentes del Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM) durante el presente ejercicio y el siguiente, los dos años más duros de la actual crisis generada por la COVID-19. A través de esta fórmula de endeudamiento de los ayuntamientos con la Diputación, los consistorios devolveríamos la parte correspondiente de la merma de ingresos por tributos concertados en los años 2022 y 2023. “Es una fórmula ya anunciada por los entes forales de Bizkaia y Araba y que pedimos se extienda a nuestro territorio”, han señalado.

Por último, están convencidos de que con estas medidas, los ayuntamientos vascos arrancarían una planificación de los presupuestos municipales del próximo año con “garantías de certidumbre y estabilidad” y que sin duda redundará en beneficio de los ciudadanos reforzando los compromisos públicos con aquellos sectores de la sociedad que más están sufriendo la actual situación económica y sanitaria.