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El PSE-EE de Soraluze solicita que se elabore un censo municipal de amianto
El Grupo Municipal Socialista recuerda que la ley obliga a los ayuntamientos a realizar un censo de carácter público con un calendario de planificación para su retirada
El PSE-EE de Soraluze ha pedido al gobierno de EH Bildu que cumpla con lo establecido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y elabore un censo de amianto municipal.
La portavoz socialista, Patricia Borinaga, ha asegurado que “la normativa es clara y la responsabilidad recae directamente en los ayuntamientos. Por ello, pedimos a al Gobierno Municipal que active en 2026 los trabajos necesarios para la elaboración de este censo”.
La legislación establece que la retirada del amianto debe priorizar aquellas instalaciones con mayor grado de peligrosidad y aquellas en las que exista exposición de población vulnerable. Las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deben estar gestionadas y libres de amianto antes de 2028 y, siguiendo las directrices de la Unión Europea, el objetivo general es la erradicación total para el año 2032.
Para el Grupo Municipal Socialista es fundamental que el Ayuntamiento “afronte con responsabilidad un problema que no es menor y que puede tener consecuencias directas sobre la salud de nuestras vecinas y vecinos”.
Además las instituciones vascas vienen activando anualmente diversas líneas de apoyo económico y técnico dirigidas a los ayuntamientos para la elaboración de sus censos municipales de amianto. Así lo han hecho hasta ahora tanto el Gobierno Vasco, a través de IHOBE, la Sociedad Pública dependiente del departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, como la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del departamento de Sostenibilidad.
Por todo ello, el PSE-EE solicita al ayuntamiento de Soraluze que:
- En el año 2026 ponga en marcha la elaboración de un censo municipal de amianto en Soraluze.
- Se soliciten todas las ayudas/subvenciones que se convoquen para tal fin durante el año 2026 con el objetivo de minimizar el impacto económico que la elaboración de dicho censo tenga en las arcas municipales.
