PSE-EE GIPUZKOA

ü  ARITZ ARRIETA: “El Ayuntamiento no puede quedarse al margen de este tipo de iniciativas, que dignifican por un lado a los presos y por otro al municipio, porque estamos contribuyendo a una real y efectiva reinserción de la persona que está cumpliendo una pena”.

El portavoz del PSE-EE del Ayuntamiento de Arrasate- Mondragón, ARITZ ARRIETA, ha dicho no entender cómo ese consistorio “pone pegas” a la firma del `Convenio para el cumplimiento y realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y reparaciones indirectas´. Un convenio firmado por Eudel, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco y la Administración General del Estado a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

ARRIETA quiere saber cuáles son los motivos “reales” de esa negativa, puesto que el tema no ha vuelto a tratarse en la Comisión Informativa de Bienestar Social y ha denunciado a la Alcaldesa y su gobierno por “volver a guardar en un cajón una propuesta del PSE-EE, como ya viene siendo habitual en el proceder de este Ayuntamiento”.

El grupo municipal socialista registró el pasado 21 de mayo un escrito en el que se instaba a la presidenta de Bienestar Social, Yolanda Pérez de Arenaza a incluir en el orden del día de la Comisión Informativa, este convenio y aunque el mismo fue presentado y leído, su debate se pospuso para próximas comisiones.

Protocolo actuación
La cuestión es que en esa misma Comisión, la  presidenta ya hizo saber que no estaba dispuesta a firmar dicho convenio, puesto que suponía oficializar, mediante firma un documento sin el cual también, según ella se puede funcionar. Para el grupo socialista de Arrasate, la firma del convenio “significa adoptar un protocolo de actuación regulado y fundamentado en el principio de justicia resolutiva o restaurativa”.           

ARRIETA ha asegurado que este convenio como un “paso fundamental” para conseguir el fin “primordial” de la reeducación y la reinserción social de las personas que están sometidas a medidas penales privativas de libertad, como se recoge en el artículo 25.2 de la Constitución. “El Ayuntamiento no puede quedarse al margen de este tipo de iniciativas, que dignifican por un lado a los presos y por otro al municipio, porque estamos contribuyendo a una real y efectiva reinserción de la persona que está cumpliendo una pena”.

Este convenio permite a Arrasate tomar “parte activa” en esta “acción social”, donde la normativa es “muy clara y concisa” respecto a las exigencias legales básicas, como que las actividades no atenten contra la dignidad del penado, que no perturben la vida laboral normal y que la actividad sea voluntariamente aceptada por el mismo, consiguiendo al mismo tiempo que los infractores se responsabilicen del hecho punible cometido y reparen ante la comunidad el daño producido.

Por eso el grupo municipal socialista de Arrasate “no entiende cómo la señora Pérez de Arenaza puede poner pegas a la firma de este convenio que beneficia a los presos y a la comunidad en general”.